Gibraltar & Brexit: la industria del juego online

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Aval al impuesto de Reino Unido a los operadores de juegos de azar de Gibraltar

La Gibraltar Betting and Gaming Assotiation solicitó la impugnación del sistema argumentando que era contrario al principio de libre prestación de servicios consagrado en la legislación comunitaria.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido que Reino Unido y Gibraltar deben tratarse como un único estado miembro a efectos de la libre prestación de servicios, por lo que ha avalado el nuevo sistema fiscal aprobado en 2014, que impone una tasa a los operadores de juegos de azar establecidos en Gibraltar que ofrecen servicios a distancia a ciudadanos británicos.

Este régimen fiscal obliga a los proveedores de servicios de estos juegos a abonar un impuesto por los juegos de azar a distancia que ofrecen a los consumidores de Reino Unido. Las normas anteriores únicamente establecían un impuesto para los proveedores de servicios radicados en territorio británico.

La Gibraltar Betting and Gaming Assotiation solicitó la impugnación del sistema argumentando que era contrario al principio de libre prestación de servicios consagrado en la legislación comunitaria. El Tribunal Supremo de Reino Unido preguntó entonces al TJUE si a efectos de la prestación de servicios se debía considerar que Gibraltar y Reino Unido formaban parte de un solo estado o si Gibraltar tenía un estatuto jurídico de territorio separado.

Ahora, el TJUE concluye que la prestación de servicios por parte de operadores establecidos en Gibraltar a personas afincadas en Reino Unido «constituye una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de un único estado miembro». Además, la corte europea confirmar que Gibraltar no forma parte de Reino Unido, pero señala que «esta circunstancia no es decisiva para determinar si dos territorios deben asimilarse a un único estado miembro» con respecto a la aplicación de las disposiciones sobre libertades fundamentales.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-591/15 (The Queen, a instancias de: The Gibraltar Betting and Gaming Association / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs) de 13 de junio de 2017 (Curia.europa.eu, 13.6.2017)

[Fuente: Expansión 13.06.2017]

Lassalle asegura que España va a seguir liderando «a escala mundial» el desarrollo de ciudades inteligentes

El secretario del Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, José María Lassalle, ha asegurado que España va a seguir liderando «a escala mundial» el desarrollo de ciudades inteligentes en lo que el país ya es «modelo y referente internacional».

«Seguimos a la cabeza y vamos a continuar liderando a escala mundial el desarrollo con el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes», ha destacado Lassalle este jueves en declaraciones a la prensa antes de participar en una mesa redonda sobre smart cities en Santander.

Con ese II Plan 2015-2018, y que continuará con un tercero, el secretario de Estado ha considerado que hay que continuar «haciendo evolucionar el modelo tanto de ciudades como de islas inteligentes».

En este sentido, ha apuntado que ahora se plantea «un salto cualitativo dentro del diseño hacia edificios, aeropuertos y puertos inteligentes» para que, cuando llegue el despliegue del 4G y el Internet de las Cosas, «ser capaces de conectar el conjunto de la red».

«Y no sé si poder plantearnos la idea de un país inteligente», ha apostillado el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, que ha destacado todos los avances que suma España en el desarrollo de las smart cities, que nos convierten en «referente en Europa e incluso América Latina».

Precisamente, ha detallado que en estos momentos «se están formalizando convenios con Argentina, Colombia, Chile y México que están incorporando y desarrollando el modelo de ciudades inteligentes que se ha promovido desde el Gobierno de España».

Cuestionado por las zonas del país que tienen un mayor desarrollo en ciudades inteligentes, ha afirmado que «no hay una diferencia territorial marcada, es un desarrollo homogéneo e intensivo porque la apuesta es muy cualitativa y geográficamente muy distribuida por el conjunto del territorio nacional».

Y, sobre el desarrollo de la ciudad de Santander, Lassalle ha enfatizado que la capital cántabra «se coloca a la cabeza, es uno de los referentes dentro del Plan Nacional y está siendo considerada como un ejemplo dentro del diseño nacional e internacional».

Lassalle ha asistido este jueves en Santander a la presentación del libro ‘Smart Cities, una visión para el ciudadano’ de Marieta del Rivero, un acto que ha organizado la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (AMEC) y al que ha seguido una mesa redonda en la que ha participado el secretario de Estado.

[Fuente: La Vanguardia 04.05.2017]

Inspecciones alimentarias más rigurosas

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«Las nuevas reglas buscan garantizar que los alimentos que compramos y comemos en Europa son seguros y sanos” ©AP Images/European Union-EP

El PE respaldó el miércoles endurecer las inspecciones alimentarias en toda la cadena de suministro, desde el productor al consumidor. La nueva normativa, acordada ya informalmente con el Consejo, pretende mejorar la trazabilidad de los alimentos, combatir el fraude y recuperar la confianza de los consumidores en la cadena alimentaria tras escándalos como el de la carne de caballo.

La legislación establece un sistema de control más amplio y efectivo en los ámbitos de seguridad de los alimentos y piensos, salud veterinaria y vegetal, producción orgánica e indicaciones geográficas protegidas.

“Tras el escándalo en torno a la carne de caballo, los consumidores tenían dudas sobre la trazabilidad de los alimentos y la integridad de la cadena de suministro. Las nuevas  normas permitirán a las autoridades combatir de manera efectiva las prácticas fraudulentas”, señaló la ponente parlamentaria del texto, Karin Kadenbach (S&D, Austria),

“Estoy especialmente orgullosa de que el Parlamento lograra reforzar la cuestión del cumplimiento, sobre todo en lo referido a las sanciones por infracciones intencionadas de la legislación. Confío en que la existencia de penas verdaderamente disuasorias será clave para combatir el fraude”, agregó.

El acuerdo negociado por los eurodiputados con el Consejo de Ministros prevé inspecciones por sorpresa en todos los sectores, un cumplimiento más estricto de la normativa ante prácticas fraudulentas o engañosas, requisitos para la importación de animales y plantas y controles por parte de la Comisión en los estados miembros y en terceros países.

Contexto

Varios casos recientes de fraude alimentario como el escándalo por el uso de carne de caballo, han demostrado la necesidad de medidas más efectivas para proteger a los consumidores y a los operadores honrados ante los riesgos derivados de vacíos legales en cualquier punto de la cadena de distribución alimentaria.

 Para establecer un marco común armonizado, la propuesta de reglamento reúne, en un sólo texto, los controles oficiales para todos los sectores de la cadena agroalimentaria (actualmente repartidos entre unos 16 reglamentos o directivas). La propuesta pretende acabar con el solapamiento de normativas y permitir a las autoridades reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia, mediante, por ejemplo, procedimientos rápidos para la acreditación de laboratorios oficiales.

Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en segunda lectura.

[Fuente: Parlamento Europeo]

El CIDOB y Elcano, entre los mejores ‘laboratorios de ideas’ de Europa

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El Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) y el Real Instituto Elcano están entre las 20 mejores instituciones generalistas de Europa. EFE/ CHEMA MOYA.

La Universidad de Pensilvania ha publicado su famoso dossier anual donde examina a los thinks tanks del mundo: el “2016 Global Go To Think Tanks Index Report”. Un informe que certifica la importancia nacional e internacional de dos de los mayores organismos españoles del momento, el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) y el Real Instituto Elcano, quienes ocupan los puestos 16º y 19º, respectivamente, en la lista de los mejores think tanks generalistas de Europa Occidental.

Por detrás quedan la Fundación Alternativas, encuadrada en el puesto 39, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), en el 58º lugar y la Institución Futuro, en la 70ª posición, entre otras asociaciones españolas.

Esta prestigiosa publicación posiciona a la institución presidida por Emilio Lamo de Espinosa como el primer think tank de España y el 30 del mundo en la categoría de Política Exterior y Relaciones Internacionales, mientras que el CIDOB queda enclavado en la 60ª situación.

Por otra parte, el Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), con sede en Barcelona, destaca en la sección de los mejores think tank networks del planeta al ser catalogado como el 9º más relevante. Pero no es la única firma española de la lista, ya que la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) también aparece en el puesto 19, y el Real Instituto Elcano en el 31.

En la clasificación de think tanks de ciencia y tecnología, la Fundación Innovación Bankinter consagra su figura internacional al encuadrarse en el 27º lugar. Finalmente, en el sector de políticas de salud, España está representada por el Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), quien ha sido elegido como el 16º mejor think tank en este campo.

[Fuente: Marca España]

El Reglamento de protección de datos en 12 preguntas

The Touch Bar is seen on a new MacBook Pro laptop computer during an event at Apple Inc. headquarters in Cupertino, California, U.S., on Thursday, Oct. 27, 2016. Apple Inc. introduced the first overhaul of its MacBook Pro laptop in more than four years, demonstrating dedication to a product that represents a small percentage of revenue. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

El Reglamento General de Protección de Datos ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016. La AEPD ha elaborado este documento simplificado, que sigue el formato pregunta-respuesta, para facilitar la comprensión del nuevo marco normativo a los ciudadanos y ayudar a las organizaciones a adaptarse a los cambios que incorpora y cumplir así con sus obligaciones.

1. La entrada en vigor del Reglamento, ¿supone que ya no se aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos española?

No. El Reglamento ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016 pero no comenzará a aplicarse hasta dos años después, el 25 de mayo de 2018. Hasta entonces, tanto la Directiva 95/46 como las normas nacionales que la trasponen, entre ellas la española, siguen siendo plenamente válidas y aplicables.

2. ¿Cuál es, entonces, el significado de que el Reglamento haya entrado en vigor?

El periodo de dos años hasta la aplicación del Reglamento tiene como objetivo permitir que los Estados de la Unión Europea, las Instituciones Europeas y también las organizaciones que tratan datos vayan preparándose y adaptándose para el momento en que el Reglamento sea aplicable.

En esos dos años, por ejemplo, los Estados miembros pueden adoptar o iniciar la elaboración de determinadas normas que sean necesarias para permitir o facilitar la aplicación del Reglamento. Esas normas no pueden ser contrarias a las disposiciones de la vigente Directiva ni tampoco ir más allá de los poderes de actuación normativa que el propio Reglamento prevé de forma explícita o implícita.

3. ¿A qué empresas u organizaciones se aplica?

El Reglamento se aplicará como hasta ahora a responsables o encargados de tratamiento de datos establecidos en la Unión Europea, y se amplía a responsables y encargados no establecidos en la UE siempre que realicen tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su comportamiento.

Para que esta ampliación del ámbito de aplicación pueda hacerse efectiva, esas organizaciones deberán nombrar un representante en la Unión Europea, que actuará como punto de contacto de las Autoridades de supervisión y de los ciudadanos y que, en caso necesario, podrá ser destinatario de las acciones de supervisión que desarrollen esas autoridades. Los datos de contacto de ese representante en la Unión deberán proporcionarse a los interesados entre la información relativa a los tratamientos de sus datos personales.

4. ¿Qué implica para los ciudadanos que el Reglamento amplíe el ámbito de aplicación territorial?

Esta novedad supone una garantía adicional a los ciudadanos europeos. En la actualidad, para tratar datos no es necesario mantener una presencia física sobre un territorio, por lo que el Reglamento pretende adaptar los criterios que determinan qué empresas deben cumplirlo a la realidad del mundo de internet.

Ello permite que el Reglamento sea aplicable a empresas que, hasta ahora, podían estar tratando datos de personas en la Unión y, sin embargo, se regían por normativas de otras regiones o países que no siempre ofrecen el mismo nivel de protección que la normativa europea.

5. ¿Qué nuevas herramientas de control de sus datos poseen los ciudadanos?

El Reglamento introduce nuevos elementos, como el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad, que mejoran la capacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre los datos personales que confían a terceros.

El derecho al olvido se presenta como la consecuencia del derecho que tienen los ciudadanos a solicitar, y obtener de los responsables, que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma ilícita. Asimismo, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, que reconoció por primera vez el derecho al olvido recogido ahora en el Reglamento europeo, supone que el interesado puede solicitar que se bloqueen en las listas de resultados de los buscadores los vínculos que conduzcan a informaciones que le afecten que resulten obsoletas, incompletas, falsas o irrelevantes y no sean de interés público, entre otros motivos.

Por su parte, el derecho a la portabilidad implica que el interesado que haya proporcionado sus datos a un responsable que los esté tratando de modo automatizado podrá solicitar recuperar esos datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable. Cuando ello sea técnicamente posible, el responsable deberá trasferir los datos directamente al nuevo responsable designado por el interesado.

6. ¿A qué edad pueden los menores prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales?

El Reglamento establece que la edad en la que los menores pueden prestar por sí mismos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información (por ejemplo, redes sociales) es de 16 años. Sin embargo, permite rebajar esa edad y que cada Estado miembro establezca la suya propia, estableciendo un límite inferior de 13 años. En el caso de España, ese límite continúa en 14 años. Por debajo de esa edad, es necesario el consentimiento de padres o tutores.

En el caso de las empresas que recopilen datos personales, es importante recordar que el consentimiento tiene que ser verificable y que el aviso de privacidad debe estar escrito en un lenguaje que los niños puedan entender.

7. ¿Qué implica la responsabilidad activa recogida en el Reglamento?

Uno de los aspectos esenciales del Reglamento es que se basa en la prevención por parte de las organizaciones que tratan datos. Es lo que se conoce como responsabilidad activa. Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que el Reglamento establece. El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha producido una infracción es insuficiente como estrategia, dado que esa infracción puede causar daños a los interesados que pueden ser muy difíciles de compensar o reparar. Para ello, el Reglamento prevé una batería completa de medidas:

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– Protección de datos desde el diseño

– Protección de datos por defecto

– Medidas de seguridad

– Mantenimiento de un registro de tratamientos

– Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos

– Nombramiento de un delegado de protección de datos

– Notificación de violaciones de la seguridad de los datos

– Promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación.

8. Entonces, ¿supone una mayor carga de obligaciones para las empresas?

El Reglamento supone un mayor compromiso de las organizaciones, públicas o privadas, con la protección de datos. Pero ello no implica necesariamente ni en todos los casos una mayor carga. En muchos casos será sólo una forma de gestionar la protección de datos distinta de la que se viene empleando ahora.

En primer lugar, algunas de las medidas que introduce el Reglamento son una continuación o reemplazan a otras ya existentes, como es el caso de las medidas de seguridad o de la obligación de documentación y, hasta cierto punto, la evaluación de impacto y la consulta a Autoridades de supervisión.

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Otras constituyen la formalización en una norma legal de prácticas ya muy extendidas en las empresas o que, en todo caso, formarían parte de una correcta puesta en marcha de un tratamiento de datos, como pueden ser la privacidad desde el diseño y por defecto, la evaluación de impacto sobre protección de datos en ciertos casos o la existencia de un delegado de protección de datos.

En todos los casos, el Reglamento prevé que la obligación de estas medidas, o el modo en que se apliquen, dependerá de factores tales como el tipo de tratamiento, los costes de implantación de las medidas o el riesgo que el tratamiento presenta para los derechos y libertades de los titulares de los datos.

Por ello, es necesario que todas las organizaciones que tratan datos realicen un análisis de riesgo de sus tratamientos para poder determinar qué medidas han de aplicar y cómo hacerlo. Estos análisis pueden ser operaciones muy simples en entidades que no llevan a cabo más que unos pocos tratamientos sencillos que no impliquen, por ejemplo, datos sensibles, u operaciones más complejas en entidades que desarrollen muchos tratamientos, que afecten a gran cantidad de interesados o que por sus características requieren de una valoración cuidadosa de sus riesgos.

Las Autoridades de protección de datos europeas de forma colectiva, y la Agencia Española individualmente, estamos ya trabajando en el desarrollo de herramientas que faciliten la identificación y valoración de riesgos y en recomendaciones sobre la aplicación de medidas, especialmente en relación con pymes que realizan los tratamientos de datos más habituales en la gestión empresarial.

9. ¿Cambia la forma en la que hay que obtener el consentimiento?

Una de las bases fundamentales para tratar datos personales es el consentimiento. El Reglamento pide que el consentimiento, con carácter general, sea libre, informado, específico e inequívoco. Para poder considerar que el consentimiento es ?inequívoco?, el Reglamento requiere que haya una declaración de los interesados o una acción positiva que indique el acuerdo del interesado. El consentimiento no puede deducirse del silencio o de la inacción de los ciudadanos.

Las empresas deberían revisar la forma en la que obtienen y registran el consentimiento. Prácticas que se encuadran en el llamado consentimiento tácito y que son aceptadas bajo la actual normativa dejarán de serlo cuando el Reglamento sea de aplicación.

Además, el Reglamento prevé que el consentimiento haya de ser ?explícito? en algunos casos, como puede ser para autorizar el tratamiento de datos sensibles. Se trata de un requisito más estricto, ya que el consentimiento no podrá entenderse como concedido implícitamente mediante algún tipo de acción positiva. Así, será preciso que la declaración u acción se refieran explícitamente al consentimiento y al tratamiento en cuestión.

Hay que tener en cuenta que el consentimiento tiene que ser verificable y que quienes recopilen datos personales deben ser capaces de demostrar que el afectado les otorgó su consentimiento. Por ello, es importante revisar los sistemas de registro del consentimiento para que sea posible verificarlo ante una auditoría.

10. ¿Deben las empresas revisar sus avisos de privacidad?

Con carácter general, sí. El Reglamento prevé que se incluyan en la información que se proporciona a los interesados una serie de cuestiones que con la Directiva y muchas leyes nacionales de trasposición no eran necesariamente obligatorias. Por ejemplo, habrá que explicar la base legal para el tratamiento de los datos, los períodos de retención de los mismos y que los interesados puede dirigir sus reclamaciones a las Autoridades de protección de datos. Si creen que hay un problema con la forma en que están manejando sus datos. Es importante recordar que el Reglamento exige de forma expresa que la información que se proporcione sea fácil de entender y presentarse en un lenguaje claro y conciso.

11. En qué consiste el sistema de ‘ventanilla única’?

Este sistema está pensado para que los responsables establecidos en varios Estados miembros o que, estando en un solo Estado miembro, hagan tratamientos que afecten significativamente a ciudadanos en varios Estados de la UE tengan una única Autoridad de protección de datos como interlocutora. También implica que cada Autoridad de protección de datos europea, en  lugar de analizar una denuncia o autorizar un tratamiento a nivel estrictamente nacional, a partir de la aplicación del Reglamento valorará si el supuesto tiene carácter transfronterizo, en cuyo caso habrá que abrir un procedimiento de cooperación entre todas las Autoridades afectadas buscando una solución aceptable para todas ellas. Si hay discrepancias insalvables, el caso puede elevarse al Comité Europeo de Protección de Datos, un organismo de la Unión integrado por los directores de todas las Autoridades de protección de datos de la Unión. Ese Comité resolverá la controversia mediante decisiones vinculantes para las Autoridades implicadas.

Este nuevo sistema no supone que los ciudadanos tengan que relacionarse con varias Autoridades o con Autoridades distintas de la del Estado donde residan. Siempre pueden plantear sus reclamaciones o denuncias ante su propia Autoridad nacional (en el caso español, la Agencia Española de Protección de Datos). La gestión será realizada por esa Autoridad, que será también responsable de informar al interesado del resultado final de su reclamación o denuncia.

La ventanilla única, en todo caso, no afectará a empresas que sólo estén en un Estado miembro y que realicen tratamientos que afecten sólo a interesados en ese Estado.

12. ¿Tienen las empresas que empezar a aplicar ya las medidas contempladas en el Reglamento?

No. El Reglamento está en vigor, pero no será aplicable hasta 2018.

Sin embargo, puede ser útil para las organizaciones que tratan datos empezar ya a valorar la implantación de algunas de las medidas previstas, siempre que esas medidas no sean contradictorias con las disposiciones de la LOPD, que sigue siendo la norma por la que han de regirse los tratamientos de datos en España.

Por ejemplo, las organizaciones deben tener en cuenta que a partir de mayo de 2018 deberán realizar análisis de riesgo de sus tratamientos y que puede ser útil para ellas empezar desde ahora a identificar el tipo de tratamientos que realizan, el grado de complejidad del análisis que deberán llevar a cabo, etc. En esta tarea podrían utilizar las herramientas y recursos que paulatinamente vayan desarrollando las Autoridades de protección de datos.

Igualmente, nada impide que las organizaciones comiencen a planificar o a establecer el registro de tratamientos de datos o a implantar las evaluaciones de impacto o cualquiera otra de las medidas previstas.

Del mismo modo, las organizaciones podrían comenzar a diseñar e implantar los procedimientos para notificar adecuadamente a las Autoridades de protección de datos o a los interesados las quiebras de seguridad que pudieran producirse.

En general, las organizaciones que tratan datos personales deberían comenzar a preparar la aplicación de estas medidas, así como de otras modificaciones prácticas derivadas del Reglamento. Por ejemplo, el Reglamento exige que los responsables de tratamiento faciliten a los interesados el ejercicio de sus derechos. Aunque la interpretación de ?facilitar? pueda variar dependiendo de los casos, incluye en todos ellos algún tipo de actuación positiva por parte de los responsables para hacer más accesibles y sencillas las vías para el ejercicio de derechos.

La ventaja de una pronta aplicación es que permitirá detectar dificultades, insuficiencias o errores en una etapa en que estas medidas no son obligatorias y, en consecuencia, su corrección o eficacia no estarían sometidas a supervisión. Ello permitiría corregir errores para el momento en que el Reglamento sea de aplicación.

Fuente: Agencia Española de Protección de Datos

World Ocean Summit 2017

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More consumers are asking, and many are willing to pay higher prices for locally sourced and certified, sustainably caught seafood. But the path a fish takes from a remote village to a city marketplace in a country like Vietnam or Belize can be convoluted.

Seafood-certification programs around the world are tackling this problem. Technological innovations-such as small, solar-powered transponders that monitor where and when fishing takes place-offer hope that retailers and customers could soon be able to easily identify the origin of the fish behind the counter. Yet, there is much work still to be done.

Leading practitioners in the fields of traceability systems and seafood supply-chain investment will share their experiences and opinions on these matters at the World Ocean Summit in February 22nd-24th 2017.

More information: The Economist

Internacionalización, el gran éxito de las empresas españolas

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Representantes de 70 compañías españolas asistieron al Parlamento Europeo de Empresas. Foto: Cámara de Comercio de España

La crisis obligó a la gran mayoría de las empresas españolas a repensarse para sobrevivir y crecer. Y la mejor salida que encontraron fue la internacionalización de su actividad. Las compañías españolas aceptaron el reto y hoy se cuentan por miles las que tienen presencia estable en el extranjero y las que exportan sus productos a los mercados mundiales. Gran parte de este cambio de mentalidad y de operatividad se debe a la labor de la Cámara de Comercio de España. Hoy es un reto sin marcha atrás, que se convierte en el mejor seguro contra futuras crisis [Noticia completa: Marca España]

La equiparación vía judicial de los trabajadores fijos y eventuales en España

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Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo

La sentencia de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14-de Diego Porras) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha encontrado un amplio eco entre los medios informativos y el público en general, por su carácter social y sus posibles efectos en el ordenamiento jurídico español.

Para el Tribunal de Luxemburgo la exclusión de los contratos de interinidad y de los contratos formativos del derecho a recibir una indemnización a la finalización del contrato (artículo 49, apartado 1, letra c) del Estatuto de los Trabajadores) carece, desde la perspectiva del Derecho comunitario, de una razón objetiva que permita justificarla.

Según reiterada jurisprudencia, el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10).

Esta decisión afecta directamente a la legislación laboral española, que discrimina a los trabajadores interinos o con contrato formativo respecto de los «fijos», al denegar cualquier indemnización por finalización del contrato al trabajador con contrato de interinidad (art. 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores) mientras que permite tal indemnización, en particular, a los trabajadores fijos comparables.

Apenas transcurrido un mes desde la publicación de esta importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado la primera sentencia que equipara la indemnización por despido a una trabajadora temporal a la que recibiría si tuviese la condición de fija [Noticia completa: El País 20 octubre de 2016]

CONXEMAR 2016 Feria Internacional de Productos del Mar Congelados

Ría de Vigo (España)

FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS

4-5-6 octubre 2016 Vigo (España)

Anualmente, la Asociación organiza en Vigo, puerto pesquero de referencia de Europa, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), que sirve de encuentro a la totalidad del sector transformador, distribuidor, importador y exportador de los productos del mar congelados.

Como novedad en 2016 cabe destacar la participación, por primera vez en la feria, de los pabellones de Croacia, Noruega y Letonia.

Además, países como Corea del Sur, Turquía o Indonesia, que participaron por primera vez en 2015, volverán a estar presentes este año con sus respectivos pabellones.

En la feria participarán, como viene siendo habitual en cada edición, los principales países productores y consumidores de productos pesqueros, como EEUU, Portugal, Irlanda, Argentina, Perú, Ecuador, Marruecos o Indonesia, algunos de ellos ampliando su espacio expositivo, como en el caso de Chile que lo duplica respecto a 2015.

En cuanto a la participación nacional, cabe destacar los pabellones de las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco, Canarias y Asturias, así como la participación de las autoridades portuarias de Vigo, Huelva, Cádiz, Sevilla y Algeciras.

Más información: CONXEMAR

Kazajstán, una gran oportunidad para las empresas españolas

Ice Arena Almaty 2016
Ice Arena Almaty 2016

Desde su independencia de la extinta Unión Soviética en diciembre de 1991, Kazajstán se ha convertido en un país de oportunidades empresariales en importantes sectores relacionados con las infraestructuras de todo tipo, las telecomunicaciones, las energías renovables, la maquinaria, la petroquímica, la agroalimentación o el turismo. Conscientes de ello, en los últimos diez años numerosas empresas españolas han incluido este país en sus planes de expansión internacional. La implantación en Kazajstán de compañías como Talgo, Maxam o Indra es un claro exponente de este interés. Así, Maxam se ha convertido en el principal inversor español en el país, mientras que Talgo e Indra han constituido “joint ventures” con firmas kazajstanís con las que han ganado importantes contratos. Otro factor que hace atractivo a Kazajstán para los inversores extranjeros es la decisión de su gobierno de privatizar gran parte de su sector público. Según sus previsiones, pasará del 76% actual a un 15% en 2020 [Noticia completa: Marca España]