Europa Central: comunidad de aspiraciones compartidas

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Ha comenzado una nueva década del siglo XXI. Una década signada por la incertidumbre que nos trajo la pandemia global y sus consecuencias, pero también una década de esperanza. Una década de oportunidades para la civilización y para la recuperación económica, una oportunidad para crear un mundo que sea mejor, más justo, más verde, y uno que respete los principios del desarrollo sostenible. Mientras ponemos la mirada en el futuro, buscamos las regiones que serán centro de cambios dinámicos y positivos. Tengo la certeza de que Europa Central será una de esas regiones, tanto en la escala europea como en la global.

Europa Central o Europa del Este (ambos términos se utilizan indistintamente) es una entidad regional significativa, una comunidad de fe compartida en términos geográficos, políticos y económicos, así como en el ámbito de las ideas y de la cultura. En cuanto a su ubicación sobe el mapa, es percibida como una región entre los mares Báltico, Adriático y Mar Negro o (aunque se trate de una simplificación) entre Alemania y Rusia. Pero, sobre todo, conformamos un círculo de memoria en común. Hemos tenido nuestra cuota de experiencias históricas similares, particularmente durante el dramático siglo XX. Sufrimos dos totalitarismos, los marrones y los rojos, que nos suprimieron y oprimieron. Pero también tenemos grandiosas, gloriosas experiencias de siglos atrás. Los siglos del XV al XVII, la llamada era de “la Europa de la dinastía Jaguelónica”, que luego sería llamada la Mancomunidad polaco-lituana, vio florecer una unión política voluntaria en parte substancial de su territorio, precursora de la Unión Europea de hoy, que significó el amistoso hogar para muchas culturas y creencias religiosas, siempre respetuosa del imperio de la ley, del parlamentarismo y de la democracia. Llevamos hacia el futuro las lecciones de esas experiencias –las buenas y las malas– como una advertencia universal, así como una inspiración para trabajar por el bien común, la prosperidad de la región y por una Europa totalmente integrada.

La descripción de Europa Central en términos de valores es igualmente importante. Al formar parte de la civilización occidental por más de mil años, compartimos sus fundamentos ideológicos. Milan Kundera llamó sugestivamente a Europa Central como “un Oeste secuestrado”, al ser parte de la de la civilización occidental, pero encontrarse a sí misma, en contra de su voluntad, bajo la dominación imperial y autoritaria soviética, imposibilitada de gestionarla racionalmente. Debemos hacer énfasis, sin embargo, que nuestro compromiso con esos valores que forjaron la cultura europea no carece de reflexiones. Estamos al tanto, quizá mejor que otros, del alto precio que uno debe pagar por defender esos valores. Somos conscientes de que uno debe cultivar y reconciliar la libertad y la responsabilidad, derechos y deberes, individualismo y solidaridad, el talante de la crítica, innovación y modernización, en comunión con la herencia y las tradiciones que definen nuestra identidad.

Al borde del cambio histórico de 1989, Timothy Garton Ash escribió que el concepto de Europa Central despertó a Occidente de pensar en los términos de la Guerra Fría, desafió las nociones comunes y las prioridades, pero también hizo que hubiera algo nuevo que ofrecer a cambio. Esta opinión pareciera validada hoy, cuando la participación de los países de Europa Central en la UE y en la OTAN, resulta una crucial y solidificada parte del orden europeo y atlántico, y cuando nuestra región, con su sólido crecimiento económico, ha protagonizado un significativo salto como civilización. También hoy, el concepto de Europa Central guarda un contenido dinámico y positivo. Si me propusiera definir acertadamente el rostro de Europa Central, incluida Polonia como el país más grande de la región, diría lo siguiente: es, al mismo tiempo, la comunidad de éxitos y aspiraciones compartidas.

Europa Central constituye el ejemplo perfecto del formidable poder creativo que puede comprender la libertad. La libertad y sus hermanos –la libertad económica, el emprendimiento, el autogobierno– abrieron el espacio para la realización de audaces ambiciones y aspiraciones. El desarrollo acompaña el progreso de la libertad. Las tres décadas que han transcurrido desde la caída del comunismo, los avances iniciados por el movimiento de “Solidaridad” polaca, conforman la historia de un grandioso éxito económico, de avances sociales de una civilización que difícilmente hayan ocurrido en la historia mundial, en un período de tiempo tan corto. Polonia y toda Europa Central constituyen un fascinante testimonio de las oportunidades que trae la libertad.

Así mismo, podemos servir como un inspirador ejemplo de cómo la cooperación, las iniciativas conjuntas y los emprendimientos brindan resultados positivos. Gracias a ellos Europa Central cesó de ser, como fue en tiempos adversos, apenas un área periférica entre Occidente y el Este, entre poderes imperiales, para convertirse en una estructura con múltiples lazos, una que está al tanto de sus intereses y que tiene influencia en el curso de los asuntos europeos. La emancipación de la Europa Central y del Este fue un éxito; somos parte crucial de los procesos políticos y civilizadores.

Permítanme traer su atención a tres importantes planes de cooperación de Europa Central, que no solo revisten una relevancia regional, sino que resultan cruciales para la UE, la dimensión atlántica e incluso la global. La primera de ella es el Grupo Visegrad, una longeva entidad que reúne a Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. Iniciada en 1991 como una plataforma para el diálogo y la coordinación de esfuerzos orientados a obtener las membresías de la OTAN y la UE, el Grupo Visegrad se ha probado útil más allá de los objetivos estratégicos que alcanzara. Hoy se erige como uno de los más importantes agentes para activar la cooperación regional en Europa Central y buscar la comprensión de los asuntos de Europa.

El segundo de los planes lo conforma Los Nueve de Bucarest, una estructura de países del flanco oriental de la OTAN: Polonia, Rumania, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria. Fue establecido en 2015 en Bucarest, donde firmamos una declaración conjunta que establecía que los países de Los nueve de Bucarest unían esfuerzos para asegurar, donde fuere necesario, una “robusta, creíble y sostenible presencia militar aliada” en la región. A gran escala, el B9 es una respuesta a las políticas agresivas de Rusia, a las violaciones fronterizas y de la integridad territorial de la fronteriza Ucrania, que constituye una amenaza a la seguridad regional y atlántica; no seremos testigos ociosos.

El tercer plan de cooperación es La Iniciativa de los Tres Mares, que fuera iniciada en 2015 por el presidente de Croacia Kolinda Grabar-Kitarović y mi persona. El grupo comprende a países localizados entre los mares Báltico, Adriático y Mar Negro: Austria, Croacia, República Checa, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría. El objetivo es realizar inversiones conjuntas en infraestructura, transporte, energía y nuevas tecnologías, orientadas a impulsar el desarrollo de nuestros países y contribuir con la cohesión de la Unión Europea. Cuando miramos un mapa de las conexiones económicas dentro de la UE, veremos una ventaja significativa en los flujos horizontales a través del eje Oeste-Este, por sobre el flujo vertical a través del eje Norte-Sur. Esto incluye el flujo de ciudadanos, bienes, servicios y capital, pero también de redes de infraestructura: autopistas, ferrovías, estaciones, tuberías, tendidos eléctricos y de comunicaciones. La Iniciativa de los Tres Mares, un proyecto que apunta a impulsar la transformación estructural de esta parte de Europa, está destinada a llenar los elementos faltantes del “andamio” que ayudará a reforzar la integración de nuestra región, así como de toda la UE. El hecho de que más allá del capital dentro de la UE, inversores de Estados Unidos, China y otras partes del mundo se hayan involucrado con La Iniciativa de los Tres Mares, asegura la diversificación de beneficios y una mutua interdependencia.

Esta es la fotografía del hoy y la visión de futuro de Europa Central, como una comunidad de actividades compartidas, éxitos y aspiraciones ambiciosas. Hemos recorrido un largo y exitoso camino –de haber sido una región casi no existente en la mente de los actores principales del escenario mundial durante mucho tiempo (“en Polonia, eso es decir en ninguna parte”, como escribiera Alfred Jarry en el siglo XIX)– a convertirnos en una región que se erige en el espectro global como una de las zonas de desarrollo más dinámico y que aspira conformarse como uno de los centros de la civilización. Europa Central –¿acaso el nombre no lo dice todo? Siéntanse invitados a formar parte de esta fascinante aventura.


El texto es publicado simultáneamente por la revista mensual polaca Wszystko Co Najważniejsze en asociación con la Bolsa de Varsovia.

Autor: Andrzej Duda

Fuente: El Nacional 1 de febrero de 2021

Cómo se simplifican las sucesiones internacionales con las normas de la Unión Europea

Guía del ciudadano : cómo se simplifican las sucesiones internacionales con las normas de la Unión Europea

Esta guía se destina a cualquier persona implicada o afectada por una sucesión transfronteriza, en especial a las personas que están planificando sus propias sucesiones y sus herederos. Se trata de una guía práctica que tiene por objeto responder a las preguntas más frecuentes. La guía no contempla todos los casos posibles por lo que se recomienda consultar los detalles de su situación específica con un profesional especializado en sucesiones transfronterizas.

(PDF) Guía del ciudadano_sucesiones transfronterizas

Fuente: Unión Europea

La Justicia de la UE falla que Uber es un servicio de transporte

LUXEMBURGO (Reuters) – La aplicación de transporte Uber ofrece un servicio de transporte y puede ser regulada como los taxi tradicionales, dijo el miércoles el máximo tribunal de la Unión Europea, en un esperado fallo que determinará las normas que Uber y sus semejantes tienen que respetar en Europa.

Uber est un prestataire de services de transport et peut donc être réglementé au même titre que les taxis, a déclaré mercredi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une décision majeure qui déterminera les règles auxquelles seront assujettis Uber et ses homologues en Europe. 

“El servicio proporcionado por Uber que conecta a particulares con conductores no profesionales está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes, a efectos del Derecho de la Unión”, dijo el Tribunal de Justicia Europeo.

“Los estados miembros pueden por lo tanto regular las condiciones para proporcionar ese servicio”, dijo.

Uber – que se ha enfrentado con los reguladores locales y nacionales en Europa desde su lanzamiento allí hace seis años – había argumentado que era simplemente una aplicación digital que actuaba como intermediario entre conductores y clientes que buscaban transporte y por lo tanto debería estar sujeto a normas de la UE más claras para servicios online.

El caso llega tras una querella por competencia desleal presentada por una asociación de taxistas de Barcelona contra el servicio sin licencia UberPOP de Uber, que usa conductores “amateurs” para recoger a clientes y que desde entonces se ha suspendido en la mayor parte de ciudades europeas donde funcionaba.

El tribunal dijo que Uber “ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores” y que la aplicación móvil de Uber “es indispensable tanto para los conductores como para las personas que desean realizar un desplazamiento urbano”.

Tras conocerse el fallo, Uber dijo que éste no cambiará la forma en que opera en la mayoría de los países de la UE.

“Esta decisión no cambiará las cosas en la mayoría de los países de la UE donde ya operamos bajo la ley de transporte. Sin embargo, a millones de europeos aún se les impide usar aplicaciones como la nuestra”, dijo Uber en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Como ha dicho nuestro nuevo CEO, es apropiado regular servicios como Uber, por lo que continuaremos dialogando con ciudades de toda Europa. Este es el enfoque que tomaremos para asegurarnos de que todo el mundo pueda obtener un transporte de confianza con sólo tocar un botón”, agregó.

El gigante de Silicon Valley está en medio de una batalla legal sobre su derecho a operar en Londres, su mercado europeo más importante.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.° 136/17

La Comisión Europea publica su comunicación sobre el futuro de la alimentación y la agricultura

La adopción de unas normas más sencillas y de un enfoque más flexible contribuirá a que la política agrícola común (PAC) preste un verdadero apoyo a los agricultores y lidere el desarrollo sostenible de la agricultura de la UE.

Estas ideas constituyen la piedra angular de la Comunicación adoptada hoy por la Comisión Europea sobre «El futuro de la alimentación y de la agricultura», donde se esbozan los principios que van a permitir que esta política común de la UE, la más antigua de todas, conserve su eficacia en el futuro.

La iniciativa emblemática prevé dotar a los Estados miembros de mayores responsabilidades a la hora de decidir cómo y dónde se invierte la financiación de la PAC, con la vista puesta en alcanzar una serie de objetivos comunes y ambiciosos relacionados con el medio ambiente, el cambio climático y la sostenibilidad.

En declaraciones de Jyrki Katainen, vicepresidente responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad: «La política agrícola común ha formado parte del menú desde 1962. Si bien tenemos que asegurarnos de que sigue proporcionando, por ejemplo, unos alimentos sanos y apetitosos a los consumidores y generando empleo y crecimiento en las zonas rurales, la PAC también tiene que evolucionar junto con las demás políticas. Nuestra propuesta supone un paso importante hacia la modernización y simplificación de la PAC, habida cuenta de los resultados de la amplia consulta celebrada con las partes interesadas. El nuevo modelo de ejecución que introduce la Comisión acentúa la subsidiariedad, pues corresponde a los Estados miembros elaborar planes estratégicos de la PAC que abarcarán las medidas previstas dentro del primer y segundo pilar, lo que contribuirá a la simplificación, a una mayor coherencia y al seguimiento de los resultados».

Phil Hogan, comisario responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, ha afirmado: «La Comunicación del día de hoy va a garantizar que la política agrícola común haga posible el logro de objetivos nuevos y emergentes, tales como impulsar un sector agrario inteligente y resiliente, potenciar la protección del medio ambiente y la acción por el clima y reforzar el tejido socioeconómico de las zonas rurales. También representa un notable cambio en lo que concierne a la forma en que se aplica la PAC. En lugar del sistema actual, se establecerá un nuevo sistema de ejecución, con un grado mucho mayor de subsidiariedad a nivel de los Estados miembros y las regiones».

Aunque se mantiene la actual estructura de dos pilares, dentro de este enfoque más simple y flexible se fijarán unas medidas concretas para alcanzar los objetivos acordados a escala de la UE. A continuación, cada Estado miembro elaborará su propio plan estratégico, aprobado por la Comisión, donde plasmará de qué forma prevé alcanzar los objetivos en cuestión. Se prestará mayor atención a efectuar un seguimiento del progreso realizado y a garantizar una financiación orientada a resultados concretos, en vez de centrarse tanto en los aspectos relativos al cumplimiento. La sustitución de un planteamiento igual para todos por un planteamiento a la medida de cada uno significa que habrá una mayor proximidad entre esta política, con sus repercusiones en la vida real, y quienes la aplican sobre el terreno.

Se mantendrá la ayuda a los agricultores a través del sistema de pagos directos. La Comunicación no prejuzga ni el resultado del debate sobre el futuro de las finanzas de la UE ni el contenido de la propuesta sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP). Sin ánimo de ser exhaustiva, explora algunas posibilidades para contribuir a sostener de forma más adecuada y equitativa la renta de los agricultores.

El cambio climático y las presiones sobre los recursos naturales seguirán afectando a la agricultura y la producción de alimentos, por lo que la futura PAC debe ser más ambiciosa en lo que respecta a la eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente y la acción por el clima.

Hay asimismo otras propuestas, como las siguientes:

  • Fomentar la utilización de tecnologías modernas para asistir a los agricultores sobre el terreno y aportar al mercado una mayor transparencia y seguridad
  • Alentar en mayor medida a los jóvenes a que se dediquen a la actividad agraria, en coordinación con las competencias propias de los Estados miembros en ámbitos tales como la tasación del suelo, la planificación y el desarrollo de capacidades
  • Dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la producción agrícola sostenible, abarcando asimismo cuestiones como la salud, la nutrición, el derroche de alimentos y el bienestar de los animales
  • Establecer una concertación entre las políticas de la UE en consonancia con su dimensión mundial, en particular en los ámbitos del comercio, la migración y el desarrollo sostenible
  • Crear una plataforma a escala de la UE sobre la gestión de riesgos, para ayudar del mejor modo posible a los agricultores a hacer frente a los imponderables climáticos, la volatilidad de los mercados y otros riesgos

Las propuestas legislativas pertinentes para dar efecto a los objetivos esbozados en la Comunicación serán presentadas por la Comisión antes del verano de 2018, tras la propuesta del MFP.

Antecedentes

El 2 de febrero de 2017, la Comisión Europea puso en marcha una consulta sobre el futuro de la política agrícola común (PAC) con la finalidad de comprender mejor qué aspectos de la política actual se podrían simplificar y modernizar. Durante los tres meses en que estuvo abierta la consulta, la Comisión Europea recibió más de 320 000 respuestas, procedentes principalmente de particulares. En ella quedó de manifiesto que, en su mayoría, los participantes desean preservar a escala de la Unión Europea una política agrícola común fuerte, si bien más sencilla y flexible, y centrada en mayor medida en responder a desafíos fundamentales tales como garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores, conservar el medio ambiente y combatir el cambio climático.

Comunicación

Fuente: Comisión Europea

El mercado británico busca en la oferta turística gallega experiencias diferenciadas, auténticas y de calidad

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La misión comercial impulsada por el Clúster Turismo de Galicia a la World Travel Market de Londres concluye con más de 25 encuentros con turoperadores del mercado británico

Turoperadores especializados en turismo de lujo, caravanas, turismo activo, muchos de los cuales buscan una oferta especializada y paquetizada, tours privados y experiencias diferentes en las que las que predomina el interés por el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y, por supuesto, el Camino de Santiago. Este es el perfil que han encontrado los 30 empresarios gallegos que han viajado en la misión comercial que el Clúster Turismo de Galicia ha organizado por cuarto año consecutivo y de la mano de Turismo de Galicia a la World Travel Market, una de las citas más importantes para el sector turístico a nivel internacional y que hoy concluye en Londres.

En total se han agendado más de 25 encuentros profesionales, además de los propios que han desarrollado los empresarios desplazados a la feria que han mantenido contactos con representantes de OTA’s y turoperadores que buscan profundizar en la oferta gallega con paquetes turísticos orientados hacia el turismo cultural y de naturaleza, abrir nuevos tours o profundizar en los contactos iniciados en ediciones anteriores de la feria.

Slow Travel
Muchos de los profesionales que se han acercado hasta el espacio de reuniones que el Clúster Turismo de Galicia ha gestionado en el stand de Galicia se han interesado también por slow travel y turismo deportivo (surf, esquí, BTT, buceo, senderismo, trekking…), sin olvidar las experiencias culturales. Estos encuentros profesionales han servido también como primera toma de contacto para aquellos que quieren comenzar a trabajar con Galicia buscando destinos auténticos que puedan ofrecer experiencias diferentes y de calidad vinculadas a la España Verde y al turismo sostenible, que ha estado muy presente en esta edición de la feria.

“En buena medida hemos continuado trabajando los contactos iniciados en anteriores ediciones, afianzando relaciones, aperturando nuevas vías de colaboración y ampliando productos turísticos”, explicó el presidente del Clúster Turismo de Galicia, Francisco González, que destacó la importancia de trabajar con un mercado maduro como el británico, que busca un turismo especializado y de calidad. El mercado británico es el sexto mercado internacional para Galicia y ha experimentad este verano un crecimiento del 3% en el número de pernoctas respecto al mismo período de 2016.

[Fuente: Clúster Turismo de Galicia]

CONXEMAR 2017-XIX Feria Internacional de Productos del Mar Congelados

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FECHAS Y HORARIO: Martes 3 y Miércoles 4 de octubre 2017 de 10,00 h. a 18,00 h., y el Jueves 5 de octubre 2017 de 10,00 h. a 16,00 h.
EDICIÓN: Décimonovena edición
LUGAR: IFEVI – Avenida do Aeroporto, 772, 36318 Vigo (Pontevedra). España
AMBITO: Internacional
CARÁCTER: Profesional
SECTORES: Mayoristas, Importadores, Exportadores, Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, Frigoríficos, Maquinaria, Industria Auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc…)

¿POR QUÉ VISITAR CONXEMAR?

De referencia de Europa, la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), sirve de encuentro a la totalidad del sector transformador: Mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, maquinaria, industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc…).

La feria se encuentra consolidada entre las dos más importantes del mundo con una superficie expositiva actual de 31.500 m2.

Más información sobre la Feria: Conxemar

Procedimientos arbitrales de consumo. Aspectos prácticos

Autor: F. Xavier Sánchez Moragas. Licenciado en derecho. Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Mataró. Asesor jurídico especializado del Ayuntamiento de Mataró.

1. Calidad y confianza en el sistema arbitral de consumo

En la exposición de motivos de la futura “Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo”, que incorpora al Derecho español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, garantizando a los consumidores el acceso a entidades de resolución alternativa de conflictos de consumo, se hace hincapié en uno de los aspectos cruciales que ha acompañado desde siempre al derecho público del consumo y que evidencia que no es suficiente disponer de un potente cuerpo normativo, como lo es hoy el actual marco jurídico de protección de las persona consumidoras, sino que es del todo imprescindible que existan cauces sencillos, rápidos y gratuitos o de escaso coste a través de los cuales se puedan hacer exigibles estos derechos cuando no hayan sido respetados adecuadamente.

De hecho, en el preámbulo del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo –RDRSAC-, también se menciona la protección de los derechos de las personas consumidoras, recogida en el artículo 51 de la Constitución- CE-, que obliga a las administraciones competentes,  a disponer de  procedimientos eficaces, para garantizar la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de las personas consumidoras, mencionando específicamente que la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios –LGDCU-, en su artículo 31, ya preveía la creación de un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atendiera y resolviera con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios.

Así pues, parece que el arbitraje de consumo es el sistema, extrajudicial de resolución de conflictos, escogido preferentemente por el sistema normativo, tanto comunitario como estatal, para garantizar el cumplimento de les derechos de las personas consumidoras, sin olvidar también que el artículo 24.1 de la CE garantiza que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Según la información que se puede consultar en el portal de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, del Gobierno de España, a la fecha de escribir este artículo, están funcionando en España, 38 Juntas Arbitrales de Consumo de ámbito municipal, 3 Juntas Arbitrales de Mancomunidad, 11 provinciales, 18 autonómicas y la Junta Arbitral Nacional de Consumo de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Sin embargo podemos constatar que, el arbitraje de consumo no es, hoy por hoy, el sistema preferido por el sector empresarial, que debería someterse a este sistema, de forma voluntaria, en la mayoría de casos y no lo hace, por lo cual, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil –LEC- también prevé como alternativa, un sistema sencillo, rápido y  de escaso coste, para litigios que no excedan de 2.000 euros, a través del cual, las personas consumidoras y las empresas, pueden hacer exigibles sus derechos, mediante la presentación de la demanda sucinta, regulada en el artículo 437.2 –LEC-, existiendo la posibilidad de actuar sin abogado ni procurador, cumplimentando simplemente unos impresos normalizados que se hallarán a su disposición en el órgano judicial correspondiente, tal y como se recoge en los artículos 23.2-1 y 31.2-1 de la –LEC-.

¿Por qué no se utiliza más el sistema arbitral de consumo por parte de las empresas? ¿Por desconocimiento del sistema? ¿Por desconfianza en la adopción de los laudos?

Los procedimientos arbitrales de consumo finalizan con un laudo arbitral y debemos recordar que el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje –LA-, establece que el laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabe ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes, por lo que en cierta manera sería normal pensar que tanto las empresas como sus letrados puedan desconfiar, en ocasiones, de que el sistema arbitral  sea realmente el sistema más conveniente para resolver los litigios de las empresas que defienden, aunque este se les presente como un procedimiento sencillo, rápido y gratuito, porqué mientras que el sistema judicial se ha dotado de un proceso claro y conocido por los operadores jurídicos, que garantiza sin duda el conocimiento de cómo se van a poder defender las partes en el proceso y de cómo se va a fundar la motivación final de la sentencia, en el arbitraje de consumo se abren ciertas dudas para las partes y sus abogados, dado que estamos ante unos órganos colegiados formados en la mayoría de ocasiones por operadores no jurídicos que, aunque imparciales, han sido designados por entidades diversas y para decidir utilizan generalmente la equidad, que no siempre es predecible y siendo el laudo de muy difícil impugnación, en no existir una segunda instancia que pueda entrar a analizar de nuevo el fondo del asunto en caso de discrepancias, parece que en el arbitraje pudiera existir menos seguridad jurídica y por tanto mayor riesgo para las empresas.

2. ¿Quién y cómo se decide en los Colegios Arbitrales de consumo?

Algunas empresas, no todas, tal vez prefieran el sistema judicial para defender sus intereses, dado que por su actividad esta suele ser su zona de confort, pero tal vez existan otros motivos para desconfiar del sistema arbitral y puede tener a ver con el sistema que habitualmente se utiliza para entrar en el fondo del asunto en el arbitraje, que prefiere la equidad al derecho, así como las características de las personas que deciden sobre el casos, que no suelen ser profesionales del derecho y a los que se denomina árbitros.

Antes de todo debemos recordar que el artículo 18.1 del –RDRSAC-, establece que son los órganos arbitrales, unipersonales o colegiados, los competentes para decidir sobre la solución de los conflictos de consumo sometidos a arbitraje, así pues, aquí no hay un juez ni un tribunal, sino un Colegio arbitral que deberá decidir sobre el asunto.

En el caso de los Órganos arbitrales colegiados, estos están integrados  por tres árbitros acreditados elegidos cada uno de ellos entre los propuestos por la Administración, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las organizaciones empresariales o profesionales.

Existe también la posibilidad, prevista en el artículo 19 del –RDRSAC-,  que conozca el asunto un árbitro único, cuando las partes así lo acuerden o lo acuerde el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, siempre que la cuantía de la controversia sea inferior a 300 € y que la falta de complejidad del asunto así lo aconseje y que las  partes no se opongan, pero la cuestión que me interesa analizar ahora hace referencia al funcionamiento de los Órganos arbitrales colegiados, que son los utilizados con mayor frecuencia.

Pues bien, en el caso de los Órganos arbitrales colegiados, nos encontramos ante una decisión colegiada, donde, de acuerdo con el artículo 22.1 del –RDRSAC-, los árbitros deben actuar en el ejercicio de su función, con la debida independencia, imparcialidad y confidencialidad y su actuación debe finalizar con la adopción de un acuerdo en forma de laudo, que deberá adoptarse garantizando los principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 41 del –RDRSAC-.

Esta imparcialidad de los árbitros i los principios de audiencia y contradicción y igualdad, deberían ser suficientes para garantizar un laudo justo, pero lo cierto es que existen ciertos puntos críticos que pueden aparecer durante el procedimiento arbitral, que me gustaría analizar a continuación.

2.1 Funciones de los árbitros de consumo

Los miembros del Colegio arbitral actúan siempre con imparcialidad, pero debe tenerse en cuenta que estos árbitros han sido designados por distintas instituciones y que representan especialidades i intereses diferentes, con lo tendremos tres criterios, uno en la especialidad del derecho y del procedimiento jurídico (el árbitro designado por la administración), un especializado en la protección de las personas consumidoras (el árbitro designado por las asociaciones de personas consumidoras) y otro especializado en el ámbito técnico del sector de la reclamación (el designado por el sector empresarial o profesional).

Dicho esto, no nos debe sorprender que no se dé la imparcialidad en los mismos términos que en el ámbito jurisdiccional, dado que aquí, los operadores que deciden sobre el fondo del asunto no forman parte de un Órgano estatal imparcial, como ocurre con los jueces, sino que los árbitros representan a grupos de interés concretos, ya sea los que defienden a las personas consumidoras o los que defienden a los intereses empresariales.

Así pues tenemos un imperativo legal de imparcialidad, pero cuando estamos ante arbitrajes de consumo en equidad, que es el utilizado en la mayoría de casos, los árbitros deben decidir (ex aequo et bono) que significa de acuerdo con lo correcto y lo bueno, o desde la equidad y la conciencia, resolviendo conforme a sus conocimientos profesionales y técnicos y al hacer un llamamiento a los conocimientos profesionales y técnicos de los árbitros, se produce en ocasiones una confusión entre el papel de los árbitros y el de los peritos, porqué en muchos casos, el árbitro empresarial, que suele ser el más especializado en el sector de la reclamación, suele actuar da facto como perito y en ocasiones, en el momento de preguntar a las partes para el esclarecimiento de los hechos, puede llegar a actuar, con más o menos consciencia de ello, como defensor de la parte empresarial, creando confusión en la persona consumidora que puede llegar a sentirse, en cierta forma, indefensa.

Lo mismo puede a llegar a suceder cuando es el representante de las asociaciones de personas consumidoras, quien pregunta a las partes durante la audiencia, para conocer mejor los hechos y dado su conocimiento del derecho del consumo, puede introducir elementos de defensa para la persona consumidora, viendo la parte empresarial como surgen elementos nuevos que no conocía y que podrían crearle también indefensión.

2.2 Funciones de la Presidencia del Colegio Arbitral de consumo

Recordemos que los Órganos arbitrales colegiados, estos están integrados  por tres árbitros, uno elegido por la  Administración, otro por las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y otro por  las organizaciones empresariales o profesionales y que le corresponde la presidencia al árbitro de la Administración, que puede acordar y resolver, en relación a los actos de mera ordenación e impulso de las actuaciones arbitrales, pero que cualquier otro acuerdo debe ser adoptado por mayoría de sus miembros, aunque  en el caso de que no se llegue  a ese acuerdo, es el Presidente del Colegio Arbitral, tal y como se establece en el artículo 20.1 y 47 del –RDRSAC-, quien deberá decidir finalmente sobre el caso.

Ahora debemos preguntarnos ¿Por qué este voto de calidad para el árbitro de la Administración? Recordemos que el artículo 17 del –RDSAC- establece que el Presidente de les Colegios Arbitrales ha de ser designado entre personal al servicio de la administración pública de la que depende la Junta Arbitral de Consumo, debiendo ser licenciados en derecho, ya resuelvan en equidad o en derecho y que el artículo 5.1 del –RDRSAC-, establece que las Juntas Arbitrales de Consumo son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros, por lo que estamos ante un arbitraje institucional de la administración pública y que además, el artículo 3.2 del –RDRSAC-, establece que su actividad es de carácter administrativo, siéndoles de aplicación en lo no previsto expresamente en el –RDSAC-, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- LPACAP-, por lo que parece que los Presidentes de los Colegios Arbitrales, al formar parte de la administración pública, son los garantes del cumplimento del proceso arbitral, aunque esta afirmación no queda explicitada en ninguno de los artículos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje –LA- ni tampoco en el–RDSAC-, pero lo cierto es que es práctica habitual que sean los Presidentes quienes asumen la dirección de la sesión arbitral, decidan el orden del procedimiento y que asuman la redacción final del laudo, al menos en los casos en que se decida en equidad.

3. La naturaleza jurídica de las Juntas Arbitrales de Consumo

Lo primero que tenemos que conocer, con un poco más de detalles, para poder comprender las dificultades que aparecen en el seno de los colegios arbitrales,  son las fuentes de derecho aplicables al arbitraje de consumo, dado que estamos ante un procedimiento que se nutre de una ley de derecho privado, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje –LA- y de una ley de derecho administrativo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LRJAPPAC- y de un Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo de carácter administrativo, que despliega el sistema arbitral público de consumo, bajo otra ley también administrativa, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias-TRLGDCU-.

El artículo 41.1 del –RDSAC-, establece que el procedimiento arbitral de consumo se ajustará a los principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad y el artículo 42.1 del mismo –RDSAC- obliga al órgano arbitral  a seguir el procedimiento con sujeción a lo dispuesto en esta norma, por lo que estamos ante un procedimiento específico de arbitraje de consumo, si bien, el artículo 3 del –RDSAC-  establece, en su primer apartado, que el arbitraje de consumo se rige en lo no previsto en el, por la–LA- y en su segundo apartado añade que la actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo es de carácter administrativo, siéndoles de aplicación en lo no previsto expresamente en él, la –LRJAPPAC-.

Por tanto tenemos dos remisiones a leyes de ámbitos distintos del derecho. Una norma de derecho privado, la –LA- y otra de derecho administrativo, la –LRJAPPAC-.

3.1 El carácter administrativo de las Juntas Arbitrales de Consumo

Existen diversos artículos del –RDSAC- que dejan claro el carácter administrativo de las Junta Arbitrales de consumo, de hecho, su artículo 5 establece que “Las Juntas Arbitrales de Consumo son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros”.

Por tanto, como órgano administrativo una de sus funciones, de acuerdo con el artículo 6.j) del -RDAC-  es el de impulsar y gestionar los procedimientos arbitrales de consumo.

Además, las resoluciones que adoptan los  presidentes de las Juntas Arbitrales de Consumo son las que ponen  fin a la vía administrativa, tal y como establece el artículo 7.2 del -RDAC- y en el caso de la resolución por  la admisión o inadmisión de la solicitud de arbitraje, de acuerdo con el artículo 36 del –RDAC- cabe interponer un recurso ante la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo con cuya resolución se pone fin a la vía administrativa.

Así pues también será de aplicación en estos casos, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa –LRJCA-, que en su artículo 25.1 establece que el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

Pero una cosa son las Juntas Arbitrales de consumo y otra lo son los Colegios Arbitrales de consumo y cabe preguntarnos si también estos están sometidos al derecho administrativo.

El artículo 18.2, en sus apartados e), g) y i) establece, respectivamente, que el órgano arbitral estará asistido por el secretario arbitral, al que corresponde, entre otras funciones, documentar y formar los expedientes del procedimiento arbitral, dejando constancia de las resoluciones que se dicten, ordenar e impulsar el procedimiento, salvo en las actuaciones reservadas a los árbitros, realizar las notificaciones de las actuaciones arbitrales.

Por lo que parece indicar que el expediente arbitral debe seguir lo establecido para el procedimiento administrativo, por lo que se refiere a las resoluciones y las notificaciones.

De hecho hay que tener en cuenta que el artículo 50 del -RDSAC- establece que la notificación del laudo que ha dictado el colegio arbitral, se realizará, a falta de acuerdo de las partes conforme a la práctica de la Junta Arbitral de Consumo, según lo previsto en la Ley de procedimiento administrativo, con lo cual, se refuerza la idea del formalismo administrativo.

3.2 El carácter privado de las Juntas Arbitrales de Consumo

El artículo 4.3 del Código Civil Español, establece que sus disposiciones se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes, en esta caso que nos ocupa, como supletorias a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, pero debemos tener en cuenta que el artículo 13.2 del Código civil Español, también establece su carácter supletorio a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes.

Por otra parte, el artículo 33.2 del –RDSAC- establece que las normas jurídicas aplicables y las estipulaciones del contrato servirán de apoyo a la decisión en equidad que, en todo caso, deberá ser motivada. Por tanto, se hace un llamamiento a todo el ordenamiento jurídico aplicable al caso en cuestión, también el derecho privado.

Otra de las leyes aplicables en el arbitraje es la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil –LEC-, dado que el artículo 48 del -RDAC- se establece que la terminación de las actuaciones se produce con el laudo cuya forma y contenido se rige por lo establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje –LA-.

Aunque este llamamiento a la –LEC- es limitado en los artículos 8 y 42 y 43 de la –LA-.

El artículo 8 de la –LA- se establece, en su apartado 3 que, para la adopción judicial de medidas cautelares será tribunal competente el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 de la –LEC-.

En su apartado 4, se establece que para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la –LEC-.

Y en su apartado 5 se establece que para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiere dictado.

Los artículos 42 y 43 de la –LEC- regulan que el laudo produce efectos de cosa juzgada y como ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la –LEC- para las sentencias firmes.

4. Los principios generales del derecho en el arbitraje de consumo

En relación a las normas jurídicas aplicables, debemos tener en cuenta que el artículo 1 del Código Civil Español establece, en su primer apartado, que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho y en su apartado 6, establece que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

Analizaremos a continuación los principales principios que deben estar presentes en el procedimiento arbitral.

4.1 El principio de audiencia y de contradicción en el arbitraje de consumo

En el ámbito judicial, este principio prohíbe dictar ninguna resolución que pueda repercutir o afectar a una persona sin que ésta haya tenido la oportunidad de formular alegaciones y proponer las pruebas que le convengan. No  respetar el principio de audiencia o contradicción implica vulnerar el derecho de defensa y por ello implica indefensión afectando el ámbito de protección del artículo 24.1 de la Constitución Española –CE-, que establece que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

En el ámbito arbitral, el art 41.1 del –RDSAC- establece que el procedimiento arbitral de consumo se ajustará a los principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad.

Sin embargo, en arbitraje de consumo no es posible aplicar el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, referente a la presentación del recurso de amparo constitucional, que protege a los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos y libertades recogidos en los artículos catorce a veintinueve de la Constitución, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

En el caso del arbitraje de consumo podemos presentar, de acuerdo con el artículo 41.1.f) del –RDSAC-, la demanda de anulación del laudo, cuando se alegue y pruebe que el laudo es contrario al orden público.

En relación a que debemos entender por un laudo contrario al orden público, es muy interesante citar, entre otras sentencias,  la  del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sec. 1ª, S 3-2-2015, nº 15/2015, rec. 122/2013, que en FD 2º, nos dice que “…En cuanto a lo que se debe entender por orden público, como ya dijo esta Sala en Sentencia de 23 de Mayo de 2.012, Recurso 12/2011, «.. por orden público han de estimarse aquel conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico ( Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, nº 54/1989, de 23-2 ), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo, debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el artº 9.3 de la Constitución , y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión..».

Así pues, la vulneración del artículo 24.1 de la CE puede implicar que se dé un laudo contrario al orden público y por tanto susceptible de ser anulado en aplicación del artículo 41.1 de la –LA-.

Por tanto, el principio de audiencia implica conocer los hechos que fundamentan la pretensión de cada parte o su reacción a esta pretensión y la fundamentación jurídica que las partes presentan para  defender sus pretensiones, a los efectos de tener la oportunidad de poder rebatir estos argumentos.

También implica la posibilidad de formular alegaciones y peticiones, como pedir que se practiquen diligencias, notificaciones, o que se practiquen determinadas pruebas sobre los hechos controvertidos en un proceso, como documentales, interrogatorios, periciales…

Hay sin embargo una serie de supuestos, regulados en el artículo 46 del –RDSAC-, que permiten que se dicten laudos sin que la persona afectada intervenga en el procedimiento arbitral.  La no contestación, inactividad o incomparecencia injustificada de las partes en cualquier momento del procedimiento arbitral, incluida la audiencia, no impide que se dicte el laudo, ni le priva de eficacia, siempre que el órgano arbitral pueda decidir la controversia con los hechos y documentos que consten en la demanda y contestación, si ésta se ha producido. Este silencio, o la falta de actividad o la incomparecencia de las partes no deben considerarse como un allanamiento o admisión de los hechos alegados por la otra parte.

Las partes tienen el derecho a defenderse, pero el hecho de no hacerlo, no vicia el procedimiento, siempre que sea con carácter voluntario.

4.2 El principio de igualdad en el arbitraje de consumo

Este principio busca el equilibrio entre las partes que intervienen en el proceso arbitral, sin que ninguna de ellas goce de ventajas en su defensa, lo que no implica que cada parte deba hacer lo mismo, sino que  pueda hacerlo en igualdad de oportunidades, por lo que si se llega a vulnerar el principio de audiencia y contradicción, también se vulnera el principio de igualdad, por lo que se pone en conexión el principio de igualdad con el artículo 24.1-CE- y por este motivo, su vulneración implica lesionar un derecho fundamental que permite utilizar la vía del recurso de anulación para reaccionar al respecto.

4.3 El principio tuitivo del derecho del consumo.

Después de remarcar la necesidad de cumplir con el principio de igualdad, debemos hacer una especial referencia al principio tuitivo del derecho de consumo, reflejado en el artículo 51 de la Constitución Española, que ordena a los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, desplegando esta protección, entre las leyes más relevantes, con el –TRLGDCU- que establece un régimen protector legal “pro consumidor”, que se ve reflejado, entre otros artículos, en el 10 –TRLGDCU-, que establece que la renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil, o  en el artículo 61.3 –TRLGDCU-, que establece que si el contrato celebrado con el consumidor contuviese cláusulas más beneficiosas, estas prevalecerán sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad, o en el artículo 65 –TRLGDCU- que establece que los  contratos con los consumidores y usuarios se integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión de información precontractual relevante.

Así pues, el carácter protector del derecho del consumo tiene un sentido compensador de las desigualdades que existen entre las empresas y las personas consumidora que también está presente durante el proceso civil y para lo que ahora nos ocupa, en el procedimiento arbitral.

No estamos hablando de ofrecer privilegios a las personas consumidoras en el procedimiento arbitral, lo cual rompería el principio de igualdad, sino de  procurar eliminar los obstáculos en el procedimiento que impedirían, de entrada, que las partes actuaran en igualdad de condiciones.

En la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 125/1995, se establece que los órganos judiciales deben garantizar que no se produzcan desequilibrios entre las partes para evitar la indefensión.

También la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 227/1991 estableció que en la aportación de los hechos, debe evitarse una situación de privilegio o supremacía de una de las  partes y debe garantizarse la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor i demandado en las alegaciones y la prueba de los hechos controvertidos para conseguir la plenitud del resultado probatorio, elemento crucial que analizaré en un apartado específico de este artículo.

4.4 El principio dispositivo y el principio de oficialidad en el arbitraje de consumo

De acuerdo con el principio dispositivo, aplicado en el arbitraje de consumo, donde las partes tienen la facultad de disponer, les corresponde a las partes iniciar el procedimiento arbitral y delimitar el objeto sobre el cual versa, de acuerdo con su autonomía de la voluntad respecto a sus derechos subjetivos.

Aplicar, en el arbitraje de consumo, el principio de oficialidad implicaría  desvirtuar la esencia del derecho privado, pero la no aplicación del principio de oficialidad es difícil de entender, en ocasiones, por las personas consumidoras que, con frecuencia, creen que el sistema arbitral de consumo es un sistema de defensa de los derechos de las personas consumidoras y un foro donde se les va a dar siempre la razón.

Esta confusión puede surgir del hecho que las Juntas Arbitrales de Consumo suelen estar asociadas orgánicamente, a los servicios de consumo de las administraciones públicas, que son los mismos organismos que tienen competencias para sancionar a las empresas que actúan vulnerando los derechos de las personas consumidoras.

Por ello las personas consumidoras, que acuden a los mismos edificios donde suelen estar ambos servicios, pueden llegar a asociar a la Junta Arbitral como una institución que debería actuar bajo el principio de oficialidad y esto no es así, lo que por una parte puede crear frustración a la persona consumidora que no vea satisfechas sus pretensiones en el arbitraje de consumo y por otra parte, puede crear reticencias al sector empresarial, que duda que realmente las Juntas Arbitrales puedan llegar a ser imparciales.

Por tanto el procedimiento arbitral solo puede iniciarse a instancia de parte y son las partes las que delimitan el objeto sobre la que se arbitrará y los hechos y fundamentos jurídicos en que se basan o en virtud de los cuales se hace esta petición.

El principio dispositivo también permite a las partes acabar el procedimiento, dado que el artículo 38 de la –LA- establece que los árbitros deben ordenar la terminación del procedimiento cuando el consumidor desista de su solicitud arbitral, a menos que la empresa  se oponga a ello y los árbitros le reconozcan un interés legítimo en obtener una solución definitiva del litigio.

Dicho esto, debe quedar claro que la presentación de la solicitud arbitral es un momento clave para poder garantizar una buena defensa y tener mayores posibilidades de conseguir un laudo estimatorio de las pretensiones de la persona consumidora.

El artículo 34 del –RDSAC- establece que  en la solicitud de arbitraje, deberá constar una breve descripción de los hechos que motivan la controversia, con exposición sucinta de las pretensiones del reclamante, determinando, en su caso, su cuantía y los fundamentos en que basa la pretensión, aportando o proponiendo también las pruebas que se consideren convenientes para probar los hechos.

El contenido de la solicitud arbitral es parecido al de la demanda sucinta prevista en el juicio verbal y regulado en el artículo  437.2 de la –LEC-, donde se explicita que en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el demandante puede formular una demanda donde deben fijarse con claridad y precisión lo que se pida, concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición.

Lo importante es fijar con claridad los hechos , la petición y los fundamentos que la sostienen, porqué posteriormente, el  Colegio arbitral debe atenerse a estas peticiones y a sus fundamentaciones y si las partes no alegan las correspondientes excepciones, como podría ser la prescripción de la reclamación, la nulidad de un contrato, la caducidad de una deuda, etc, el Colegio arbitral no tienen porqué apreciarlas de oficio, debe haber siempre voluntad del reclamado  para hacer valer la excepción.

En relación con el principio dispositivo tenemos el principio de congruencia del laudo arbitral, dado que esta resolución debe ser  congruente con el objeto reclamado por la persona consumidora y con las excepciones alegadas por la empresa.

Un laudo incongruente se produciría si en la motivación se diera la razón a la persona consumidora en virtud de un fundamento o razón jurídica no alegada en la solicitud arbitral o la que desestimara la petición en virtud de unos hechos que no alegó la otra parte como excepción.

El Colegio arbitral, tal y como sucede también con el juez, no puede actuar dando lo no pedido ni fundamentando lo no fundamentado.

Sin embargo hemos visto que el derecho de consumo es un derecho de interés público, lo que puede implicar una tratamiento distinto al que se suscita en el proceso civil entre iguales, porqué empresas y personas consumidoras no lo son, por lo que las facultades de la actuación del colegio arbitral puede ser mayor, a los efectos de compensar estas diferencias y pueden complementar las actuaciones de las personas consumidoras, sin romper con el principio de igualdad, tomando decisiones en relación a consecuencias legales del caso, incluso si estas no han sido pedidas por las partes.

Los laudos arbitrales deben ser congruentes con lo pedido y fundamentado, de acuerdo con el principio dispositivo del procedimiento arbitral, pero el Colegio arbitral  no está sometido estrictamente a los razonamientos y alegaciones de las partes y puede motivar su decisión con los preceptos legales y las normas jurídicas que puedan aplicarse de forma pertinente al caso, siempre que vengan impuestas por normas de derecho necesario, dado el carácter irrenunciable de los derechos de las personas consumidoras, respetando siempre el principio de contradicción, aunque estas normas no hayan estado invocadas por los litigantes, tal y como se establece para los jueces, en el artículo 218.1 de la –LEC-.

5. La actividad probatoria en el arbitraje de consumo

En el ámbito civil, el artículo 216 –LEC- designa como principio de justicia rogada, conforme al cual «los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales».

En los procesos regidos por el principio dispositivo la aportación de las pruebas corresponde, generalmente, a las partes. Los poderes de iniciativa del tribunal son, en esta materia, muy limitados, aunque no completamente inexistentes – 282, 429.1.II y 435.2 LEC -.

Pero el  colegio arbitral, respetando escrupulosamente el principio dispositivo, puede buscar pruebas para acreditar los hechos que ya han sido introducidos en el procedimiento arbitral.

Esto es distinto al principio de investigación oficial que se relaciona con el principio de oficialidad y que permitiría que la iniciativa para buscar y aportar el material fáctico y el material probatorio no solamente a las partes, sino también al colegio arbitral.

5.1 La libre valoración de las pruebas en equidad y la valoración legal de la prueba en los arbitrajes en derecho

El colegio arbitral debe decidir si considera o no probados los hechos debatidos en el procedimiento y esto debe reflejarse, de forma razonable,  en la motivación del laudo.

La veracidad o sinceridad de una declaración queda sometida a la libre valoración de la prueba.

El colegio debe apreciar las pruebas según su consciencia o las reglas de la sana crítica y esta apreciación debe quedar reflejada en el laudo para poder  seguir el proceso mental recorrido por los árbitros del colegio arbitral y si procede, permitir presentar el recurso de anulación para denunciar la inconsistencia de este razonamiento.

Sin embargo, a pesar de la libre valoración de la prueba, debe tenerse en cuenta que constituyen prueba legal los documentos públicos  y los privados no impugnados por la parte a quien perjudiquen, tal y como se establece en el  artículo 319.1 -LEC-.

5.2 Las partes y la carga de la prueba en el procedimiento arbitral de consumo

Ya hemos comentado que el artículo 34.3 Del –RDSAC- establece que la persona consumidora, en su solicitud arbitral, puede aportar o proponer las pruebas de que intente valerse y en el artículo 37.3 del –RDSAC- se establece que, en la notificación  de inicio del procedimiento arbitral, a la empresa reclamada, se le dará la posibilidad de formular las alegaciones que estime oportunas para hacer valer su derecho y en su caso, presente los documentos que estime pertinentes o proponga las pruebas de que intente valerse.

Finalmente el artículo 45.1 del –RDSAC- establece que el órgano arbitral resolverá sobre la aceptación o rechazo de las pruebas propuestas por las partes, proponiendo, en su caso, de oficio la práctica de pruebas complementarias que se consideren imprescindibles para la solución de la controversia.

Así pues, quienes  debe proponer las pruebas son las partes y en este sentido la Sentencia del TSJ Illes Balears, sec. 1ª, S 19-3-2013, nº 1/2013, rec. 6/2012, en su FD2º, establece que “…Dice la actora, en el hecho segundo de su demanda que » lo lógico y correcto hubiera sido hacer una sencilla comprobación de si efectivamente el agua entra o no a chorro por las costuras del calzado, lo que daría una visión exacta de la correcta o incorrecta fabricación del mismo «. Lo cierto es que, con independencia de que el órgano arbitral pueda proponer » de oficio las pruebas complementarias que se consideren imprescindibles para la solución de la controversia » quienes deben proponer las pruebas son las partes, como se desprende del artículo 45.1 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero EDL 2008/5604 , por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y la actora no propuso prueba alguna limitándose a enseñar  en la Audiencia para un examen por el Colegio las botas objeto de la controversia «. En definitiva, no se han vulnerado ninguno de los principios esenciales, de orden público, del procedimiento arbitral pues, en especial, el laudo resuelve la cuestión sometida a su decisión, se ha respetado el principio de contradicción y de igualdad de las partes y se ha dictado sin indefensión de éstas…”

5.3 Pruebas de oficio en el procedimiento arbitral de consumo

Pero en ocasiones, los tribunales interpretan que en el caso de las personas consumidoras y dado el carácter tuitivo del derecho de consumo, y la naturaleza no formalista del sistema arbitral, los colegios arbitrales pueden y deben considerar necesario realizar las pruebas que respalden las afirmaciones de las personas consumidoras.

Así en el  FD1º, de la Sentencia  del TSJ Andalucía (Granada), sec. 1ª, S 19-4-2013, nº 11/2013, rec. 40/2012, se cuestiona  “…La cuestión a dilucidar, pues, puede identificarse del siguiente modo: si, en el marco del Sistema Arbitral de Consumo, invocándose por el consumidor una determinada circunstancia de hecho constitutiva de su pretensión sin solicitar expresamente la práctica de prueba documental posible sobre la veracidad de sus afirmaciones, se vulneran sus derechos procesales al resolver sobre la base exclusiva de la falta de prueba de las afirmaciones del consumidor en vez de practicar de oficio la prueba que directamente conduciría a disipar la incertidumbre sobre lo realmente sucedido…”

En el FD2º, apartado a) el tribunal manifiesta “…  Que a diferencia del arbitraje normal de derecho privado, en el Sistema Arbitral de Consumo el principio de aportación de parte queda particularmente matizado por el carácter tuitivo de la normativa de protección de consumidores; en particular, el artículo 45.1 del Real Decreto 231/2008 EDL 2008/5604, prevé que el colegio arbitral proponga, de oficio, la práctica de pruebas complementarias » que se consideren imprescindibles para la solución de la controversia”.

Y en su apartado c) “Dicha prueba, por otro lado, estaba en poder de la entidad reclamada, por lo que ninguna dificultad especial comportaba su práctica, sin que en este procedimiento la Sala tenga competencia para determinar si el principio de facilidad probatoria habría debido determinar que la falta de aportación por la reclamada de tales grabaciones hubiere debido, o no, comportarle perjuicio al corresponderle la carga de la prueba: tan solo se destaca, a los fines de este procedimiento, que no existían obstáculos disuasorios para la práctica de oficio de tal prueba.

En consecuencia, ya sea porque el Colegio debió entender tácitamente pedida la mencionada prueba, ya porque debiera proponerla de oficio por ser indudable que su práctica resultaba » imprescindible para la solución de la controversia «, y atendida la naturaleza especial, no formalista y tuitiva, del Sistema Arbitral de Consumo, puede apreciarse que el laudo impugnado fue el resultado de un procedimiento en el que no se respetaron las exigencias del orden público de protección que le caracteriza, impidiendo de hecho a la usuaria hacer valer sus derechos (no formalmente, pero sí materialmente), por lo que procede declarar la nulidad del laudo, con la consiguiente retroacción de las actuaciones a fin de que por el Colegio Arbitral se acuerde la práctica de la prueba consistente en la aportación por la demandada de la grabación de las conversaciones mantenidas por la Sra. Luz con su servicio de Atención al Cliente durante el mes de agosto de 2011 para, con su resultado, resolver con libertad de criterio”.

Otro ejemplo donde se considera que la falta  de práctica de pruebas por el Colegio arbitral es contraria al orden público cuando produce indefensión a las partes lo encontramos en la Sentencia del TSJ Madrid, sec. 1ª, S 22-10-2015, nº 73/2015, rec. 40/2015 , en su FD3º, se establece que  “… No corresponde a este Tribunal el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, ni sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos arbitrales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este Tribunal sí es competente para controlar las decisiones arbitrales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable a los árbitros o colegios arbitrales, en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, con respecto a las decisiones de los órganos judiciales, doctrina extrapolable al arbitraje( SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2 EDJ 1992/12342; 351/1993, de 29 de noviembre, FJ 2 EDJ 1993/10808; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2 EDJ 1995/4413; 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5 EDJ 1997/144; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3 EDJ 1999/29968; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5 EDJ 1999/40207; 237/1999, de 20 de diciembre, FJ 3 EDJ 1999/40212; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2 EDJ 2000/1143; 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3EDJ 2001/2663).

Es necesario, asimismo, que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea ‘decisiva en términos de defensa’ ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2 EDJ 1996/15; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3 EDJ 1998/42030; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5 EDJ 1999/11266; 26/2000, FJ 2 EDJ 2000/407; 45/2000, FJ 2 EDJ 2000/1143).

Aplicando la anterior Jurisprudencia al presente caso, llegamos a la conclusión, conforme a lo analizado en el anterior Fundamento de Derecho, que la Junta Arbitral ha llevado a cabo una interpretación y aplicación de la legalidad en materia de prueba, arbitraria o irrazonable, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la LEC, y conforme a toda la normativa tuitiva existente, tanto en España como en la Unión Europea, relativa a los consumidores, y en especial al sector de la telefonía, la carga de la prueba sobre la acreditación de la información al consumidor debe recaer sobre la operadora, sobre el extremo relativo a sí esta última comunicó o no al consumidor que iba a sobrepasar o había agotado el bono internet que tenía contratado, momento a partir del cual se le empezaban a aplicar las tarifas » roaming», y en consecuencia, también de los precios de esa tarifación especial en intineracia…”.

6. Conclusiones

A modo de resumen podemos concluir que para poder personarnos en un procedimiento arbitral de consumo debemos tener en cuenta que:

  1. La solicitud arbitral es el elemento clave para poder garantizar un buen procedimiento arbitral, dado que en ella se deben fijar con claridad, los hechos, la petición y los fundamentos que la justifican y debemos tener muy en cuenta que estos elementos condicionaran, durante todo el procedimiento, todas las decisiones del Colegio arbitral.
  2. Tanto las personas consumidoras como las empresas, deben aportar o proponer las pruebas que consideren necesarias, con independencia que el Colegio arbitral, si lo considera necesario, pueda acordar algunas pruebas de oficio.
  3. Aunque no es obligatorio acudir al arbitraje de consumo acompañado de abogado, debe tenerse en cuenta que el procedimiento arbitral de consumo es un procedimiento sencillo pero con ciertos formulismos, que de no conocerlos, puede crear indefensión a las partes.

La idea de no hacer obligatoria la presencia de abogado en el procedimiento arbitral  pretende que las personas consumidoras no tengan que asumir costes en la defensa de sus intereses, que en muchas ocasiones podrían ser superiores a la satisfacción de sus pretensiones, pero hay que tener en cuenta que no cumplimentar correctamente la solicitud arbitral, o no defenderse correctamente durante la fase de audiencia, puede implicar  perder el arbitraje, que de haber acudido con un correcto asesoramiento técnico en la materia, podría haberse ganado con facilidad.

  1. Las empresas deben saber que si bien el arbitraje de consumo se ajusta a los principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad, estamos ante un procedimiento con cierto carácter tuitivo, por lo que debe acudir al procedimiento arbitral sabiendo que una mala defensa se completará por parte del Colegio arbitral con una posible interpretación pro consumidor.
  2. Por último debemos tener en cuenta que las empresas tienen, en el arbitraje de consumo, un buen instrumento para obtener una solución definitiva de los litigios que mantengan con las personas consumidoras y que también pueden defender sus derechos mediante la reconvención, de una forma más rápida y económica que  en un procedimiento civil y con unas garantías y una seguridad jurídica muy similares.

FUENTES CONSULTADAS

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/seccion/resolucion_de_conflictos_de_consumo.htm

JURISPRUDENCIA

Sentencia sobre la equidad: STS, Sala 1ª, de Civil, 22 de junio de 2009, nº 429/2009, rec 62/2005. Ponente: Xiol Rios, Juan Antonio. Fuente de consulta: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079310012015100054.

Sentencia sobre laudos contrarios al orden público: TSJ Madrid, sec. 1ª, S 3-2-2015, nº 15/2015, rec. 122/2013. Presidenta: Polo García, Susana. Fuente de consulta: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079310012015100054.

Sentencia sobre carga de la prueba en el arbitraje de consumo: TSJ Madrid, sec. 1ª, S 22-10-2015, nº 73/2015, rec. 40/2015 Presidenta: Polo García, Susana. Fuente de consulta: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079310012015100117

Sentencia sobre aportación de pruebas: TSJ Illes Balears, sec. 1ª, S 19-3-2013, nº 1/2013, rec. 6/2012. Presidente: Capó Delgado, Antonio Federico. Fuente de consulta: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 07040310012013100002

Sentencia sobre aportación de pruebas: TSJ Andalucía (Granada), sec. 1ª, S 19-4-2013, nº 11/2013, rec. 40/2012. Presidente: Pasquau Liaño, Miguel Fuente de consulta: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 18087310012013100032

[Fuente: Noticias jurídicas 1.09.2017]

Diez años de relaciones económicas hispano-árabes

Las nuevas estaciones del "Ave del Desierto"
Las nuevas estaciones del «AVE del Desierto»

En el marco del décimo aniversario de Casa Árabe, la institución madrileña ha organizado la jornada empresarial “10 años de relaciones económicas España-países árabes: balance y futuro”, donde se expuso un estudio comercial de las relaciones hispano-árabes de la última década.

El acto contó con las intervenciones de expertos como Balbino Prieto, presidente de Honor del Club de Exportadores e Inversores Españoles; Alfredo Bonet, director Internacional de la Cámara de Comercio de España; Manuel Alabart, vicepresidente de Técnicas ReunidasMarie Hélène Antolín, vicepresidenta del Grupo Antolín, o Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la Marca España, entre otros muchos.

Un comercio al alza en la región

El encuentro trascurrió dentro de un ambiente de análisis e intercambio de información entre los principales protagonistas de estos diez años de relaciones diplomáticas y comerciales. De esta manera se ofreció una mirada más cercana a la relación entre las sociedades hispanohablantes y árabes, haciendo un especial énfasis en la profundización y crecimiento de los vínculos económicos y políticos entre España y los países árabes en los últimos años.

“Las exportaciones españolas a esta parte del mundo han duplicado al incremento de las exportaciones de España al resto del mundo. Y de la misma manera ha tenido lugar una actividad importante en materia de inversiones en ambos lados”, indicó Pedro Villena, director general de la Casa Árabe.

El presidente de la Comisión de Países Mediterráneos y Oriente Medio de la CEOE, Juan Canals, incidió en la importancia que han adquirido los países de la zona árabe para el comercio español y destacó cómo en los últimos cinco años el flujo comercial desde España a los países de la región había aumentado un 73%.

Marruecos, segundo destino fuera de la UE

Por su parte, Isaac Martín-Barbero, presidente de INECO, subrayó que la región está experimentando un desarrollo muy fuertedentro del campo de las infraestructuras y las inversiones, con proyectos a medio y largo plazo que brindan un amplio mercado dentro de la demanda de soluciones y productos, donde las compañías españolas son líderes mundiales.

Entre las cerca de 40 iniciativas que se han desarrollado a lo largo de este tiempo se encuentran el tren de alta velocidad entre La Meca y Medina o las ampliaciones en los aeropuertos de Abu Dhabi y Fujairah.

Tras Estados Unidos, Marruecos es el segundo destino de las exportaciones españolas fuera de la Unión Europea. A su vez, otros países como Argelia o Arabia Saudí son lugares prioritarios para las acciones comerciales españolas. Por ello, uno de los retos que asume nuestro país es fortalecer y ensanchar las relaciones individualizadas en una región más heterogénea de lo que se piensa.

[Fuente: Marca España 19.07.2017]

El Parlamento Europeo recomienda medidas para combatir la obsolescencia programada

  • El Parlamento quiere que los productos de consumo y los programas informáticos sean más fáciles de reparar o actualizar
  • Solicitan medidas frente a la obsolescencia programada y piezas para reparaciones asequibles
  • El 77% de los consumidores de la UE preferiría reparar los productos que ya tienen a comprar otros nuevos

La Comisión Europea, los Estados miembros y los fabricantes deben tomar medidas para garantizar a los consumidores productos duraderos de alta calidad y que sean reparables.

El Parlamento quiere que los productos de consumo tengan una vida útil más larga, haciendo frente sobre todo a la obsolescencia programada de los productos tangibles y los programas informáticos.

Sus recomendaciones incluyen:

  • productos sólidos, de calidad y fácilmente reparables: “criterios de resistencia mínima” por categoría de producto desde la fase de diseño,
  • si una reparación conlleva más de un mes, la garantía deberá alargarse por ese tiempo adicional,
  • incentivos fiscales en pro de productos duraderos, de alta calidad y que sean reparables, así como de la reparación y la venta de segunda mano, lo que podría impulsar la creación de empleo y reducir el desperdicio,
  • permitir a los consumidores elegir un reparador independiente, en particular prohibiendo las soluciones técnicas, de seguridad o los programas informáticos que impidan la reparación fuera de los canales autorizados,
  • los componentes esenciales del producto, como las pilas y los LED, no deben ser inamovibles, a no ser que esté justificado por razones de seguridad,
  • las piezas de recambio indispensables para un funcionamiento correcto y seguro de los bienes deben estar disponibles a un precio adecuado a la naturaleza y duración de vida del producto,
  • una definición a escala comunitaria del concepto de “obsolescencia” para bienes tangibles y soportes digitales y un sistema independiente para analizar los productos y detectar su obsolescencia programada, así como medidas disuasorias para los fabricantes.

Etiqueta europea

El Parlamento pide a la Comisión que estudie la creación de una etiqueta europea voluntaria que incluya la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la capacidad de modulación de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación.

Los europarlamentarios también proponen crear un “contador de uso” en los productos de consumo más relevantes, como los grandes electrodomésticos, para asegurar que los consumidores están bien informados.

La resolución salió adelante con 662 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.

Texto aprobado: Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas.

2016/2272(INI)

Declaración del ponente

Pascal Durand (Verdes, Francia), ponente, dijo: “debemos impulsar la reparabilidad de todos los productos que salen al mercado. Tenemos que asegurarnos de que las baterías no están adheridas al dispositivo, para que sea posible sustituirlas y no vernos obligados a tirar un teléfono móvil cuando la batería falla. También hay que garantizar que los consumidores reciben información sobre la vida útil de los productos y de si pueden ser reparados”.

Datos

Según el Eurobarómetro de 2014, el 77% de los consumidores de la Unión preferiría intentar reparar un producto que no funciona antes que comprar otro nuevo, aunque suelen acabar haciéndolo ya que el coste de la reparación y la calidad del servicio resultan desalentadores.

«Tenemos que asegurarnos de que las baterías no están adheridas al dispositivo, para que sea posible sustituirlas y no vernos obligados a tirar un teléfono móvil cuando la batería falla»

Pascal Durand (Greens/EFA, FR)

[Fuente: Noticias Parlamento Europeo]